La batalla que se libran los grupos antagónicos de notarios públicos para la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha escalado hasta convertirse en una campaña mediática estridente, marcada por denuncias de corrupción, chantajes y amenazas. La pugna exhibió los vicios de ese gremio peculiar, donde coinciden políticos, exfuncionarios, amigos y familiares de actores del poder.
En las semanas recientes, los notarios que apoyan a la oaxaqueña Guadalupe Díaz Carranza y quienes promueven la candidatura del mexiquense Nicolás Maluf Maloff se han acusado de estar coludidos con gobiernos estatales, de recibir sus patentes –o fiats– como favores políticos, de participar en redes de despojo, de abusar de sus relaciones públicas, de promover esquemas de lavado de dinero o de haber falsificado documentos, entre otros.
Las críticas hacia la profesión son comunes, pero en el contexto de la campaña brotaron desde dentro del propio gremio.
Varios escándalos de corrupción documentados en años recientes han involucrado a notarios públicos y empresas fantasma, ya sea en los, las redes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en sociedades utilizadas por organizaciones delincuenciales para lavar dinero o en la operación del llamado “Cártel del Despojo” ( 2381).
