VULCAN MATERIAL LLEVA AL GOBIERNO MEXICANO A UN JUICIO INTERNACIONAL
En el centro de los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) –que extrae miles de toneladas de piedra caliza y opera la terminal marítima de Punta Venado en Playa del Carmen, Quintana Roo–, hay un arbitraje internacional a través del cual el gigante estadunidense Vulcan Material Company reclama mil 529 millones de dólares al Estado mexicano, equivalentes a 31 mil millones de pesos.
La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington, está prevista para el segundo semestre de este año. El presidente del tribunal, el holandés Albert Jan van der Berg, determinará entonces si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); en caso de decidir que sí, el Ciadi establecerá el monto de la reparación.
El conflicto legal con Vulcan se gestó durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero escaló con el gobierno de López Obrador, hasta que el pasado 5 de mayo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cerró por completo la planta, con todo y un despliegue de 40 efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), alegando “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.
En la demanda de arbitraje, presentada el 3 de diciembre de 2018 –dos días después de la toma de posesión de López Obrador–, Vulcan reclamó que, por razones “políticas” y con argucias legales, el gobierno federal clausuró sus operaciones de extracción de piedra caliza en el predio El Corchalito, y que le prohibió operar en el predio de La Adelita, ambos adquiridos en 1996, lo que le causaba “pérdidas potenciales en cientos de millones de dólares”.
