Ahora hasta en el Legislativo: El arte popular, desamparado
Más de dos años demoró la Secretaría de la Función Pública en dar atención a la denuncia por falta de respuesta de diversas instituciones del gobierno federal, que presentó el promotor cultural Carlos Arturo Martínez Negrete en julio de 2019, como parte de su lucha en defensa de los derechos culturales de artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo.
El también productor y docente e investigador en medios de comunicación pública y política, considera que diversas instituciones de gobierno han ejercido una violencia sistemática al ser omisas en la aplicación de las leyes y las sanciones por uso indebido del arte popular. En entrevista telefónica con Proceso, lamenta que ahora se haya sumado el Poder Legislativo con la aprobación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, promovida por Susana Harp Iturribarría, senadora de Morena.
Para él, esa ley no ayuda a los artesanos porque es local y no puede entrometerse en el ámbito internacional; en ese sentido propone explorar otras vías, como las sociedades de gestión de derechos.
Respuesta tardía
La historia se remonta a octubre 2017, cuando el también especialista en derechos de autor llevó a los tribunales, junto con el abogado José Dolores González Ortiz, la demanda de los bordadores de tenangos Adalberto Flores Gómez y Angélica Martínez contra la compañía Nestlé México, por haber utilizado estampados multicolores en el diseño de unas tazas para promover el chocolate Abuelita (Proceso 2185).
Como se ha publicado en este y otros medios, la ola de reproducción de los
