POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD MENTAL: un reto pendiente por superar en la región
En punto de la atención para la salud mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamado constante para que los países miembros lleven a cabo programas que promuevan este aspecto de la integralidad del ser humano y creen legislación sobre la protección tanto de los derechos de los pacientes con enfermedades mentales como de sus familias.1 De acuerdo con la OMS, entre los diversos factores que las enfermedades mentales suelen afectar de manera general a las naciones se encuentra el impacto negativo en el aspecto económico, puesto que disminuyen los ingresos personales de quien sufre el trastorno y limitan a su vez el trabajo de quienes fungen como cuidadores.
Al realizar una aproximación al estado en que se encuentran las políticas públicas de la región en materia de salud mental es necesario mencionar que durante 2018 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer un estudio en el que, entre otros aspectos, se destaca que el gasto asignado a la salud mental como porcentaje del gasto público destinado a la salud en la región de las Américas oscila entre 0.2 por ciento en Bolivia y 8.6 por ciento notificado por Suriname. Asimismo, se advierte que el promedio destinado para gasto en hospitales psiquiátricos respecto del presupuesto para salud mental es de aproximadamente 61 por ciento, situación que, de acuerdo con el informe ya mencionado, puede resultar cuestionable, debido a que los hospitales psiquiátricos carecen de datos probatorios de la eficacia, son notoriamente ineficientes y, de hecho, pueden dar lugar a prácticas yatrógenas.
