Una investigación que fisura a la familia real
MADRID.- El pasado 8 de junio Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo, acordó investigar al rey emérito Juan Carlos de Borbón por el caso de los 100 millones de dólares que recibió en 2008 del rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz –fallecido en 2015–, dinero que luego ocultó mediante una opaca estructura financiera en el extranjero y que omitió declarar ante la hacienda pública española.
La supuesta “donación” sería el pago de una comisión por haber fungido como intermediario en la adjudicación del contrato de construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, que atraviesa 450 kilómetros de desierto y que ganó un consorcio de empresas españolas: ACS, Copasa, OHL, Indra, Ineco, Abengoa, Renfe y Adif, entre otras.
Esta investigación trata de “delimitar y descartar” la relevancia penal del cobro de estos fondos y si los presuntos delitos de índole fiscal y blanqueo de capitales se produjeron con posterioridad a que el rey emérito abdicara, en junio de 2014, “momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad” que la Constitución le otorgaba como jefe del Estado español, señala el comunicado del tribunal. Tras su abdicación pasó a ser aforado y sólo puede ser juzgado por la Sala II del Tribunal
