La Asamblea Legislativa fue incapaz, una vez más, de ponerse de acuerdo para aprobar la nueva ley de reconciliación nacional, una obligación legal desde que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016. El plazo venció el 13 de noviembre, y los diputados solicitaron una nueva prórroga. ¿Qué hay detrás? ¿Desidia, interesés políticos, cálculos electorales?