En la más reciente decisión contra la iglesia católica en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega prohibió las procesiones de Semana Santa, después de un mes de tensiones avivadas desde que la justicia sandinista sentenció a 26 años de prisión al obispo Ronaldo Álvarez por traición a la patria y desde que el papa Francisco tachó al Gobierno sandinista de "dictadura grosera".