El pueblo chileno se pronunció contundentemente el pasado domingo 5 de septiembre, cuando rechazó el borrador que le propuso la Convención Constitucional.

Esta Convención fue la respuesta a buena parte de las peticiones que hicieron miles de chilenos en las calles de las principales ciudades de su país, incluída la capital, desde 2019.

Tras el alsa en el costo de los pasajes del metro de Santiago, los ciudadanos salieron a protestar por diferentes razones que, en el fondo, reflejaban el descontento de los que se sienten perdedores del desarrollo económico en el que es, tal vez, el país más próspero de la región.

La salida a esta serie de protestas fue convocar un órgano colegiado, cuyos miembros serían elegidos en las urnas, que se encargaría de redactar una nueva constitución. Este texto reemplazaría la constitución actual que es identificada como el legado del dictador Augusto Pinochet.

Pese a que la Convención fue apoyada por la mayoría del electorado, el texto que este órgano le presentó a los ciudadanos corrió una suerte completamente opuesta: el 61,87% votó por la opción “rechazo”, el 38,13% apoyó la opción “apruebo”.

Ante este resultado, se abren varios interrogantes sobre la gobernabilidad, la estabilidad y la institucionalidad chilena.

Para entender cómo llegó Chile a esta situación, cuáles son sus consecuencias y cuáles podrían ser las posibles salidas, nos acompañan María Teresa Aya, internacionalista, coordinadora de la maestría en asuntos internacionales de la universidad externado de Colombia, y Lorena Oyarzún, internacionalista de la facultad de gobierno de la universidad de Chile.