Mantenemos el propósito de reformar la Constitución para que el Estado mexicano asuma el 54 por ciento del mercado nacional de energía eléctrica y la iniciativa privada el 46 por ciento.

No se desplazará al sector privado ni incurriremos en prácticas monopólicas; queremos poner orden para que la CFE, que es una empresa pública, siga beneficiando a los consumidores domésticos e impulse el desarrollo de México.