Un galimatías apellidado García Cabeza de Vaca
El futuro del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) inició contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pende del análisis legal que vayan a realizar los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A raíz de que la Cámara de Dipu tados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, resolución que en términos legales se denomina declaratoria de procedencia, la FGR, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de Tamaulipas se enfrascaron en una disputa legal en la que todavía no se puede anticipar un ganador.
Por el contrario, la resolución final del caso se ha complicado por la orden de aprehensión que un juez de control emitió contra el gobernador de Tamaulipas, las dos controversias constitucionales que ha presentado el Congreso de esa entidad federativa, la resolución de un ministro que desecha una de esas controversias y el recurso de reclamación que, a su vez, presentó la FGR
