Una “venganza genocida”
BOGOTÁ.- En medio de la pandemia de covid-19, Colombia vive la peor etapa de un fenómeno de violencia sistemática y selectiva contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los victimarios –terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y sus aliados políticos– tienen dos objetivos en común: evitar que los acuerdos de paz con las FARC lleguen a los territorios y sembrar el terror entre los líderes comunitarios involucrados en su implementación.
Sólo entre el 1 de enero de este 2020 y el pasado 26 de julio fueron asesinados 171 dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, casi seis a la semana en promedio, cifra superior en 20% a la registrada en el periodo correspondiente de 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Además, entre el 1 de enero y el pasado 13 de julio cayeron 36 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a vida civil. Más de cinco al mes, en promedio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC han sido asesinados 219 exintegrantes de esa antigua guerrilla y 976 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. En
