El Gobierno vasco debería dar esos 130 mil euros de cada etarra muerto a las víctimas de terrorismo.
Javier Cárdenas se hace eco de una publicación de Ok Diario, en la que el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu ha dado luz verde al reparto de ayudas más de un millón de euros a «víctimas de violencia de motivación política» en base a la conocida como ley de abusos policiales; entre los destinatarios de las ayudas, 66 en total, hay alrededor de una treintena de etarras que resultaron heridos o muertos tras enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de los beneficiarios es el etarra Jose Ignacio Joxi Zabala, uno de los primeros muertos relacionados con el GAL, a cuya familia se le indemnizará con 130.000 euros. La comisión vasca que decide estas ayudas, sin embargo, se las ha denegado a cerca de medio millar de agentes de Policía y Guardia Civil heridos o fallecidos por la violencia terrorista de ETA. La presión de los colectivos de presos de ETA y por parte de EH Bildu ha provocado finalmente que víctimas y verdugos cambien sus papeles en el País Vasco. La polémica ley de abusos policiales articulaba la posibilidad de indemnizar con ayudas económicas a etarras «caídos» en operaciones policiales o heridos durante detenciones. Y esas indemnizaciones van a empezar a ser abonadas en cumplimiento de lo estipulado por la Comisión de Valoración de las víctimas de violencia de motivación política.Esta misma semana, la entidad del Gobierno vasco anunció las primeras ayudas económicas, con una partida presupuestaria total de 1,6 millones de euros. Las víctimas de ETA no verán un euro de ellas, porque como han defendido los integrantes de esta comisión, «los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las víctimas de ETA no pueden ser susceptibles de ser reconocidos o atendidos como víctimas al amparo de esta ley». Alegan que ya «existen otra serie de leyes que les amparan».