Hoy, a ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de conocer la verdad.

Es un deber del Estado, con las madres y padres de los 43 jóvenes, el esclarecimiento de los hechos; la investigación sigue en curso bajo la política cero impunidad. La federación tiene la voluntad inquebrantable de hacer justicia en este lamentable caso.