En al menos siete estados del país, operan redes de explotación sexual y pornografía infantil. Lo peor de esto, revelado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, es que los abusos en contra de menores han sido perpetrados al interior de escuelas públicas y privadas, con la complicidad de profesores, directivos y personal de las instituciones. Una vergüenza y un horror del que las autoridades están más que enteradas: la primera de las denuncias data de 2011, según indica el informe “Es un secreto. La explotación infantil en las escuelas”.