El Senado de la República aprobó la prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niños y adolescentes, mientras que el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas, renunció a su cargo al mismo tiempo que denunció actos de corrupción, como el robo de joyas y desvío de recursos.